Una propuesta presentada en el Concejo Deliberante de Balcarce busca establecer, de manera excepcional, una suspensión por 180 días hábiles de las intimaciones prejudiciales dirigidas a usuarios que mantengan deudas con “Aguas de la Ciudad”.
La iniciativa fue impulsada por la concejal Sol Di Gerónimo y surgió a partir de planteos realizados por vecinos que manifestaron dificultades para afrontar las facturas emitidas por OSEBAL SAPEM “Aguas de la Ciudad”.
El proyecto sostiene que el contexto económico actual ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias y dificultado el cumplimiento de los gastos vinculados a servicios esenciales. En ese marco, consideran que las intimaciones por facturas impagas generan preocupación entre quienes atraviesan dificultades económicas.
Otro de los aspectos señalados está relacionado con el sistema de facturación. De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, distintos usuarios plantean inconvenientes para distinguir cuánto corresponde específicamente al servicio de agua y cloacas y cuánto a tasas y otros conceptos municipales.
Según se detalla en el expediente, una factura promedio cercana a los $80.000 tendría menos de un tercio destinado al servicio de agua y cloacas, mientras que el resto estaría conformado por tasas y gravámenes.
Desde la iniciativa también advierten que la imposibilidad de abonar por separado el servicio propiamente dicho puede complicar aún más la situación de las familias con menores ingresos. Incluso, señalan que quienes acceden a planes de pago para regularizar sus deudas vuelven a recibir facturas con la totalidad de las tasas, lo que puede dificultar nuevamente la cancelación de los saldos pendientes.
El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que gestione ante “Aguas de la Ciudad” la suspensión excepcional, durante 180 días hábiles, del envío de intimaciones prejudiciales a los usuarios morosos.
El objetivo es brindar un período de alivio a las familias que mantienen deudas con la prestataria, considerando que se trata de un servicio esencial.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la Comisión de Salud y Acción Social del Concejo Deliberante, que evaluará sus alcances y viabilidad antes de que continúe su tratamiento legislativo.